Micropoder


Los retos de la Administración de Justicia Española.
e-Abogacía
Miércoles, 01 de Febrero de 2017 16:49
Escrito por Javier Cremades
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Vivimos en una sociedad en la que cada día, al levantarnos, los medios de comunicación nos informan sobre los nuevos avances tecnológicos que se están produciendo en muchos sectores vitales y que tienen una clara repercusión en nuestra cotidianidad. Sentimos, además, la velocidad de vértigo a la que se producen. Y si bien en muchas ocasiones percibimos los cambios como un avance positivo, en otras, las noticias que nos llegan nos generan incertidumbre y preocupación. La sociedad del riesgo se caracteriza por esa ambivalencia.

Los Estados modernos obligados a asumir los cambios, se ven compelidos a adecuar su aparato normativo a las nuevas realidades, aprobando nuevas leyes o modificando las ya existentes para dar una respuesta satisfactoria a las nuevas demandas sociales. Los cambios normativos no sólo van de la mano de los cambios sociales sino que, además, en muchos campos se producen de forma continua y acelerada. No hace falta más que asomarse al mundo de la empresa, de las finanzas, al farmacéutico o al de las nuevas tecnologías para constatar dicha realidad.

Pero los cambios normativos que regulan y ordenan la nueva realidad de por sí no bastan si el mecanismo que permite su aplicación se mantiene en la obsolescencia o no se moderniza. Se produce así un desfase entre la aprobación de las nuevas normas y su efectiva aplicación. Es como si modernizáramos el parque móvil pero la red viaria la dejáramos intacta.

En España la cesura entre vigencia de las normas y su efectiva aplicación no sólo resulta evidente, sino también preocupante porque el aparato de Administración de Justicia no ha experimentado el adecuado proceso de modernización que la nueva realidad normativa demanda. Y ello, con los consabidos y graves perjuicios que acarrea. La disfuncionalidad de nuestra Administración de Justicia, tanto penal, civil y administrativa, es palpable, y así lo perciben los actores y la ciudadanía en general quienes no dejan de entonar el viejo cántico decimonónico: “la justicia es lenta, la justicia es mala, la justicia es sólo para los ricos porque la justicia es cara”.

¿Y que hacer ante esta situación? ¿A qué retos se enfrenta la Administración de Justicia española? Claramente, nuestra Administración de Justicia necesita ser reformada. Y para ello, no basta con someterla a una mera operación estética, hace falta una intervención en profundidad. Esa intervención en profundidad, ciertamente, requiere consignar más medios y contar con más personal –las estadísticas comparativas con otros países de nuestro entorno la dejan en un lugar muy rezagado en lo que a medios y personal se refiere- pero no sólo. No basta con digitalizarla –LexNex, grabar juicios, etc-. Requiere, a mi modo de ver someterla a un proceso de cambio en su estructura. Nuestras leyes procedimentales, por más que se parchean, son en su mayoría inadecuadas, y cuando se cambian muchas veces es a peor. El parcheo tapa el bache pero no supone un nuevo asfaltado que permita viajar a más velocidad. Y muchos cambios se han realizado de forma irreflexiva y precipitada, motivados por razones políticas oportunistas las más de las veces y sin saber muy bien hacia que dirección dirigirse y que modelo adoptar. Los modelos de procedimiento deben no sólo ser consensuados sino, lo que es más importante, estudiados, diseñados y testados en profundidad antes de ser aprobados.

 
Banco Madrid: ¿banco bueno o banco malo?
e-Capitalismo
Jueves, 30 de Abril de 2015 19:57
Escrito por Javier Cremades
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La crisis financiera que asola nuestras economías desde ya el año 2007, parece no tener fin. Después del rescate de la mitad de nuestro sector financiero, e inmersos todavía en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pequeños inversores engañados en la irregular salida a bolsa de Bankia, salta a la luz pública este nuevo y singular caso.

Lo que llama la atención inicialmente en el caso Banco Madrid es que la iniciativa no parte de las autoridades españolas, ni de las comunitarias, y ni siquiera de las andorranas, sino de la estadounidense Financial Crisis Enforcement Network (FinCEN). Según se filtra en medios de comunicación la FinCen considera que Banca Privada d'Andorra (BPA), matriz al cien por cien de Banco Madrid, está relacionada con el blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. A raíz de lo indicado el regulador financiero de Andorra, el Instituto Nacional de Finanzas (INAF), interviene BPA. A continuación, el Banco de España interviene la filial española de BPA, el Banco Madrid.

El primer interrogante que cabe plantearse en este escenario es si la intervención, seguida de una sustitución de los órganos directivos de las entidades, es la respuesta adecuada del ordenamiento ante una acusación, no formal que se sepa por ahora, de actuación ilícita en materia de blanqueo de capitales. Son realmente, por desgracia, numerosos los casos en que distintas entidades han estado implicadas, y muchas de ellas no a título anecdótico, en incidentes relacionados con el blanqueo de capitales. Pero la respuesta de las autoridades ante tales hechos, fue como no podía ser de otro modo, depurar las oportunas responsabilidades. En este caso sin embargo, el problema de una matriz contamina directamente a una filial, que puede que no tenga en absoluto nada que ver con las posibles operaciones irregulares de la matriz. Y en este contexto se decide intervenir la entidad filial, sustituir su consejo de administración, e incluso decidir paralizar la actividad de las oficinas, imponiendo de facto, no un corralito, sino una incautación total de los depósitos, que si bien en principio ha de ser temporal, no se sabe ni por cuanto tiempo será ni cuáles serán las verdaderas consecuencia de la misma. Parece una vez más que la seguridad jurídica, la certidumbre en las posibles respuestas del ordenamiento y por tanto, la confianza en el funcionamiento del sistema, vuelven a estar en entredicho.

El segundo interrogante que cabe plantearse es si la inmediata solicitud de concurso de acreedores por los administradores designados por el Banco de España, tiene o no sentido. Como es sabido las entidades de crédito tienen sus propios mecanismos de resolución de las situaciones de crisis. La intervención temprana, la reestructuración y la resolución, son los instrumentos que la nueva normativa bancaria, en el marco de los mecanismos europeos, ponen a disposición de las autoridades responsables de la materia. No es de extrañar, por tanto, que tras esta precipitada decisión de solicitud de concurso voluntario de acreedores, el juez de lo mercantil encargado de adoptar en su caso la decisión, haya decidido suspender el procedimiento, dando traslado de la causa al Frob, para que este se pronuncie sobre la adopción o no de alguno de los mecanismos específicos de tratamiento de las crisis bancarias. Es evidente que una situación así genera desconcierto no sólo en la opinión pública, sino también en los ahorradores directamente afectados, que se ven inmersos en un procedimiento incierto que puede desembocar en caminos absolutamente divergentes. Banco Madrid es un banco aparentemente solvente, y sin embargo se inicia rápidamente por los administradores designados por el Banco de España, un procedimiento de concurso con vocación de liquidación. El concurso extintivo es una institución prevista para los casos de insolvencia grave. Esto es, para los casos de desbalance en los que los activos no cubren los pasivos y por tanto debe procederse a un reparto ordenado de los haberes bajo el principio de tratamiento paritario. Si aquí tenemos un banco solvente, y los ratios comunicados oficialmente así lo avalan, lo procedente no es la liquidación, sino el mantenimiento de la entidad con las cautelas que en cada momento deban adoptarse.

De lo dicho se desprende que es posible que nos encontremos ante uno de esos supuestos en los que pagan justos por pecadores. Es preciso que las autoridades españolas den las explicaciones oportunas de cual es la situación en la que estamos, y cuales son las soluciones a la misma. Ello lo requiere no sólo la más elemental norma de transparencia, sino también esa necesidad de confianza que los ciudadanos necesitamos tener en el correcto funcionamiento del sistema financiero. No sabemos si Banco de Madrid es un banco bueno o un banco malo, pero sabemos que es un banco en el que han confiado miles de pequeños ahorradores españoles, que no se merecen, ni que se insinúe en una falta absoluta de tacto ético, que forman parte de esquemas evasores de impuestos, ni que se les retengan totalmente sus ahorros en un marco de incertidumbre y confusión. No puede sino calificarse como surrealista, que un país que vivió una crisis financiera como la que padecimos y que la mitad d e nuestro sistema tuvo que ser rescatado, sin que se paralizara ni un día la actividad de una sola oficina bancaria de entidades inmersas en los abismos de las pérdidas, veamos ahora como superada la crisis el sistema da la espalda a todos los afectados por el Banco Madrid.

 

 

Javier Cremades

Abogado

Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo

Presidente de la International Financial Litigation Network (IFLN)

 

 

 

 

Bankia, sólo la Justicia restablecerá la confianza.

Se ha hecho público el Informe que los peritos del Banco de España, a instancias del Juez Andreu, aportan al proceso abierto en la Audiencia Nacional, sobre la situación financiera y contable de Bankia. Sus conclusiones coinciden con las que, desde nuestro despacho, venimos defendiendo en los procesos que hemos iniciado en defensa de los intereses de los miles de afectados por su fallida salida a bolsa, que cada día se siguen sumando.

Los hechos eran tan evidentes que no hacía falta tener profundos conocimientos contables para saber que algo se había hecho mal cuando una sociedad presentaba unas cuentas con casi 300 millones de beneficios y con esa tarjeta de presentación pedía dinero a cerca de 300.000 pequeños ahorradores, y sólo unos meses después era intervenida, arrojaba pérdidas de 3.000 millones de euros, y solicitaba un rescate de más de 20.000 millones. Si a esto se añadía que la empresa en cuestión era una entidad de crédito, y que por lo tanto se hallaba bajo la supervisión del Banco de España, y además la operación requirió la autorización de la CNMV, no nos cabía explicación alguna para entender lo sucedido.

Este informe confirma la consumación de un fraude financiero de gran magnitud en el que los controles institucionales fracasaron, incluidos los del propio Banco de España, cuyos peritos ahora descubren ahora una realidad, que nuestro banco central no advirtió cuando hubiera podido evitar el daño.

Esta situación requiere una doble reparación. Por un lado, debe procederse a la restitución a los pequeños ahorradores, afectados por este gigantesco fraude, del dinero entregado a Bankia como contraprestación por la venta de unas acciones vacías de cualquier valor patrimonial. No nos cabe ya ninguna duda de que la compra de las acciones en la salida a bolsa se hizo bajo un consentimiento viciado. Según nuestro Código civil, tales contratos pueden ser anulados y por consiguiente procederse a una restitución de las prestaciones realizadas. El accionista devolverá la acción a la compañía y la compañía devolverá el dinero al inversor con intereses y, en su caso, con la indemnización por daños y perjuicios que pudiera corresponder. En esa línea estamos trabajando representando a más de 1300 accionistas, una cifra que por goteo, no para de crecer desde que se produjo el escándalo. Por otro lado debe procederse a una restitución al ciudadano de la confianza legítima que debe tener en sus instituciones.

Un sistema político y jurídico funciona bien, no cuando no tiene fallos, sino cuando los detecta y consigue subsanarlos. Porque nada nos asegura que no se puedan cometer fraudes en el futuro: puede pasar aquí o en cualquier país avanzado. La diferencia la vamos a encontrar en la reacción del sistema: el país avanzado resolverá el problema; el no avanzado lo barrerá debajo de las alfombras. En los EEUU Irving Picard, el abogado fideicomisario que trabaja para recuperar fondos para los perjudicados ha conseguido ya la recuperación del casi el 60% de todo lo defraudado. El Informe de los peritos del Banco de España es un primer paso en la buena dirección. Pero es necesario que todas las instituciones públicas que fallaron en prevenir este fraude bursátil masivo asuman sus responsabilidades y a los defraudados se les restituya su dinero.

 

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Javier Cremades

“Los poderes clásicos deben aprender a relacionarse con los nuevos participantes en el gran juego de la sociedad. Aquellos que sepan adaptarse, los encontraran como aliados. Los que no perciban el cambio se despertarán, como el Gulliver de Swift, atenazados por la red de infinitos hilos de los insignificantes liliputienses”.